19 niños y 17 adultos quedaron sorpresivamente en la calle, ya que no habían sido notificados acerca de la posibilidad de este hecho. El desalojo fue impulsado por una medida cautelar dictada en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Dr. Ricardo Bustos Fierro. Los trabajadores rurales fueron expulsados de sus casas, las viviendas fueron demolidas con topadoras y los sembradías a punto de ser cosechados fueron destrozados con arados y tractores.
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En un país que se proclama democrático, con un supuesto Estado de Derecho, y con un gobierno que se vanagloria vociferando que ha comenzado un nuevo período histórico en defensa de los derechos humanos, los campesinos fueron maltratados verbal y físicamente. Con total soberbia e impunidad, sus casas fueron destrozadas cuando aún no habían terminado de retirar todas sus pertenencias.
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Una vez más, y como en numerosos puntos del país, el Estado arremetía contra los débiles para cumplir la voluntad de los poderosos. El desalojo se llevó a cabo en un operativo descomunal integrado por el juez de Paz de la localidad de Chuña, del departamento de Ischilín, Ramón Héctor Luna, acompañado por más de 30 policías y matones a sueldo, autos particulares, patrulleros, maquinaria y vehículos municipales. Toda una horda de agentes despiadados que utilizan la ley para ajusticiar a los sectores más vulnerables, con la complicidad de jueces, escribanos y funcionarios diversos, complotados para fraguar títulos de propiedad de inmuebles rurales y producir constataciones irregulares que representan la principal prueba ante los diferentes juzgados de la provincia a la hora de ordenar los desalojos de los legítimos poseedores de la tierra.
La mayoría de las familias, al verse desesperadas, sin vivienda y con total desconocimiento de sus derechos legales, bajo amenazas e intimidaciones diversas, aceptaron irrisorias sumas de dinero que oscilaban entre los cinco y diez mil pesos a cambio de aceptar el desalojo y renunciar a sus terrenos de entre 10 y 80 hectáreas.
En cambio, Marta y Chichi Rivero, matrimonio campesino con siete hijos, poseedores de un terreno de diez hectáreas, decidieron no firmar ante el abuso y los chantajes de los funcionarios. Aunque no pudieron evitar ser arrancados de su vivienda, por verse en desventaja ante el abuso de la fuerza, se negaron rotundamente a aceptar el desalojo.
Los terrenos donde criaban animales y cosechaban algodón, cebolla y alfalfa, fueron destruidos. Por la noche, las tierras trabajadas con esfuerzo quedaron irreconocibles. Los sicarios habían borrado todo vestigio de asentamiento humano.
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Córdoba no se queda atrás en cuanto a la problemática nacional por el acceso a la tierra. Los conflictos están a la orden del día. En menos de 20 años la cantidad de explotaciones agropecuarias familiares disminuyó un 36 %, curiosamente en proporción al crecimiento de los desalojos.
Para mayor despropósito, a principios de 2004 el poder legislativo provincial sancionó la ley 9.150, llamada “de Registro de Poseedores”, en el marco del Programa Tierras para el Futuro, que prometía agilizar el mecanismo de los trámites y un presupuesto para realizar mensuras posesorias, con la posterior escrituración gratuita. Pasados más de dos años de su entrada en vigencia, las garantías jurídicas siguen siendo nulas para los campesinos: nadie ha sido beneficiado con dicha ley, mientras que los funcionarios de la Unidad Ejecutora del Programa, como Isaac López (titular del Registro de Poseedores de la Provincia), miraron para otro lado luego de haberse golpeado el pecho ante las cámaras prometiendo intervenir en casos de desalojos.
Mientras tanto, en el Registro Provincial de la Propiedad se encontraba en vigencia una investigación sobre una estafa multimillonaria que incriminaba a escribanos, abogados, particulares y funcionarios del propio Programa de Tierras y del mismo registro, lo que genera una situación de total inseguridad.
Adicionalmente, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) ha presentado más de 300 registros en la Secretaría de Justicia, pero estos casos se vencen sin que tengan tratamiento.
En los últimos años, este tipo de atropellos se perpetran en beneficio de Javier Bertrán Esteller, magnate empresario de la multinacional Cerro Negro, quien desde Buenos Aires, y con total desconocimiento de la realidad campesina, motoriza los desalojos para venderle las tierras a Jaques Charriere, miembro de la sociedad Rural de Cruz del Eje, también conocido como “el Suizo”, un oscuro personaje que en pocos años logró hacerse de más de 17 mil hectáreas en el departamento de Cruz del Eje, desalojando de manera fraudulenta a numerosas familias campesinas que históricamente habitaban y trabajaban esas tierras.
Para estos operativos, los empresarios han contado con la sigilosa complicidad del juez federal Dr.Ricardo Bustos Fierro, encargado de la causa de Esquina de Alambre.
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Sin lugar a donde ir, Marta y Chichi rescataron sus pocas pertenencias del desastre y se trasladaron, junto a sus siete hijos y bajo la lluvia, a un terreno cercano, donde clavaron frágiles postes y tendieron un plástico para cubrirse del aguacero y de la noche.
Durante los días siguientes desfilaron por allí todas las larvas de la ciudad: políticos y religiosos, oportunistas y abanderados de la democracia, un amplio arcoiris de promesas, con palabras endebles que no modificaron la realidad de los campesinos.
La situación comenzó a cambiar cuando se hicieron presente miembros del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), a quienes en un principio Marta y Chichi confundieron con nuevos charlatanes. Pero esta gente marcó la diferencia en la lucha por la recuperación de las tierras. Los integrantes del MCC se entregaron sin reparos desde el primer momento. Llegaron convencidos a resistir el desalojo, dispuestos a resistir la injusticia y el arrebato de las tierras. Ofrecieron abogados y asesoramiento, apoyo incondicional y se propusieron difundir la problemática a través de todos los medios posibles.
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El 9 de mayo el equipo jurídico del Movimiento Campesino de Córdoba presentó ante la Justicia Federal un recurso de amparo para levantar la arbitraria medida de desalojo, la cual desconocía los derechos posesorios de las familias rurales. En ese mes también se decidió el levantamiento, frente a las tierras despojadas de los campesinos, el “Rancho de la Resistencia”, un asentamiento para desafiar la expulsión y el saqueo, defender la dignidad y los derechos de los campesinos, denunciar los intereses y maniobras especulativas existentes para la apropiación ilegítima de las tierras de los trabajadores rurales, y revelar el incremento de la política judicial desde el gobierno tendiente a criminalizar la lucha campesina por la defensa de la tierra, con más de 50 trabajadores rurales imputados por organizar la resistencia al desalojo.
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En el “Rancho de la Resistencia” se nuclearon la familia Rivero, los integrantes del Movimiento Campesino (miembros del Movimiento Nacional Campesino Indígena) y numerosas personas que llegaron con el objetivo de apoyar la lucha. Se organizaron ollas populares y se colgaron pancartas. Se debatían los pasos a seguir, dispuestos a enfrentar amenazas e intimidaciones. Mientras tanto pasaban los mates, se planeaban estrategias de lucha y se atendía a los medios. Además de exigir al Estado la inmediata restitución de las tierras a los campesinos, se demandaba un marco de respuestas para la problemática de la tierra existente en toda la provincia de Córdoba, con el correspondiente reconocimiento de las posesiones de los trabajadores rurales y la suspensión por tiempo indeterminado de los desalojos, hasta tanto se disponga un mecanismo integral para la protección de las familias campesinas.
El caso comenzó a difundirse notablemente y cobró trascendencia. Llegaron personas desde diversos puntos de la provincia para sumar su apoyo. Hubo algunas jornadas que sumaron más de cien acampantes. Televisión, radios y revistas se ocuparon de la problemática.
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La solución al problema no llegó por parte de quienes deben garantizar los derechos de la gente. Las instituciones, que monopolizan el delito que dicen combatir, no agilizaron ninguna salida al conflicto y mostraron el verdadero papel que cumplen a favor de los verdugos. Ninguno de los tres poderes provinciales —ejecutivo, legislativo y judicial— desarrolló políticas claras y efectivas tendientes a resolver el problema. Ningún funcionario provincial, especialmente del Programa Tierras para el Futuro, se hizo cargo de la medida llevada a cabo por el Movimiento Campesino de Córdoba. Todos brillaron por su ausencia durante los días de lucha y resistencia.
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La difusión del problema, la continuidad de la lucha, la denuncia de los mecanismos fraudulentos utilizados para despojar a los campesinos, y el apoyo de los diferentes sectores y organizaciones sociales, ayudaron a que la familia Rivero finalmente recuperara sus tierras. El 13 de agosto Javier Beltrán Esteller cedió ante la presión popular y reconoció el derecho de los campesinos a acceder y a producir la tierra. Pero el empresario no restituyó el mismo sitio del que se había apoderado. Ello le hubiera significado reconocer el derecho de todas las familias afectadas.
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A cambio, restableció diez hectáreas productivas en otro lugar cercano, lo que aseguraría a Marta y Chichi las garantías para vivir dignamente y alimentar a sus hijos. Luego de tensos momentos de negociación, el abogado de Bertrán Esteller, Carlos Attías, notificó la decisión de su representado de otorgar tierras a la familia en condiciones similares a las que tenía en el momento de ser desalojada.
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El caso de la familia Rivero demuestra que pelear vale la pena, que la lucha no es inútil y que cobra inusitada fuerza cuando logra difusión y gana el apoyo de distintos sectores sociales. Luego de largos meses de prolongada y sostenida lucha, hoy Marta y Chichi Rivero se expresan más tranquilos. Han levantado su casa en un nuevo terreno donde juegan sus niños, y han construido un aljibe y un horno de barro.
Construyen su huerta, tienen animales y están preparando nuevos terrenos para sembrar duraznos.
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Las nuevas hectáreas que trabajan producen principalmente olivos, y ya se están preparando para la cosecha que empieza dentro de tres meses. Dicen que si no fuera por la gente del Movimiento Campesino de Córdoba, y toda la gente que apoyó su lucha, toda la familia estaría hoy en la calle, mendigando para vivir.
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Mientras tanto, el MCC continuará exigiendo respuestas a la situación precaria que actualmente siguen teniendo numerosas familias campesinas de la provincia, algunas de ellas desalojadas sin reconocimiento alguno de sus posesiones, y muchas otras en situación de vulnerabilidad ante los fraudulentos procedimientos de empresarios ambiciosos y funcionarios corruptos.
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Habrá que incrementar las movilizaciones y las acciones directas en el campo y en las ciudades, en busca de soluciones. El conflicto de la familia Rivero es apenas uno más de los cientos de casos con problemas de tierras en la provincia de Córdoba.
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